Financiamiento electoral,
¿de cuánto dinero hablamos?
Irregularidades una vez más y cambios a la vista.
El Estado nacional contribuyó por la Ley de financiamiento de los partidos políticos a las organizaciones políticas con el financiamiento de las campañas electorales. Tanto para las elecciones generales como para las PASO, esta contribución se dio a través de aportes extraordinarios de campaña y a través de los pagos para la impresión de boletas.
Estos aportes se distribuyeron entre las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos. En el caso de la categoría presidente de la Nación el aporte fue de un 50% del monto asignado por el presupuesto de manera igualitaria entre las listas presentadas. El otro 50% de los aportes se distribuyó entre los 24 distritos electorales. La Dirección Nacional Electoral (DINE) definió un monto de 640 millones de pesos en aporte extraordinario de campaña. El 50% se dividió entre las diferentes fuerzas políticas con candidaturas presidenciales. Los restantes 320 millones proporcionalmente a la cantidad de electores de cada uno de los 24 distritos.
También hubo aportes para las categorías de diputados nacionales, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur. El total de fondos alcanzó la cifra de 1715 millones de pesos para todas las categorías que compitieron en las primarias del pasado 13 de agosto. 97 partidos políticos y frentes electorales. En el caso de las candidaturas para diputados el aporte de la DINE fue de 628,5 millones de pesos repartidos el 50% entre los 24 distritos según la cantidad de electores y el resto, 324,2 millones de pesos en forma igualitaria entre las listas presentadas. El mismo esquema para la categoría de senadores (en las 8 provincias que eligieron) con aporte de 320 millones y en candidatos a parlamentarios del Mercosur con 127 millones de pesos que financió el Ministerio de Interior.
Si tomamos los aportes para las diferentes fuerzas políticas en las elecciones primarias, Unión por la Patria recibió 419 millones de pesos, Juntos por el Cambio 389 millones, el Frente de Izquierda 97, 5 millones y La libertad Avanza 97,4 millones de pesos. Movimiento Libres del Sur 57 millones, Hacemos por Nuestro País 50,8 millones de pesos, Proyecto Joven 41 millones, Movimiento al Socialismo 39 millones, Política Obrera 37,5 millones de pesos, Principios y Valores 37 millones, Frente LiberAR 30,6 millones de pesos, Frente Patriota Federal 30,4 millones.
La DINE giró 8000 millones de pesos para imprimir 2764 millones de boletas de papel para cargos nacionales de las 97 agrupaciones políticas oficializadas en las PASO 2023. Esto en el marco de la Ley de Financiamiento y en la resolución 9/23 de la Dirección Nacional Electoral que determinó 2,92 pesos la unidad de boleta, estableciendo otorgar a las agrupaciones políticas que oficializaron candidaturas aportes para poder imprimir 2 1/2 (dos y media) boletas por elector, disposición 9/2023 de la DINE.
Cifras importantes con bajos controles de trazabilidad de los fondos que permitieron la presentación y proliferación de listas de fuerzas políticas que en los actos electorales no superaron el 1% de los votos, pero cobraron dinero de campaña como cualquier partido político que alcanzó una mayoría y representación importante.
Alberto Aseff diputado nacional y presidente del partido UNIR participa del proceso electoral argentino desde antes de la recuperación democrática. En 1982 fundó el Partido Nacionalista Constitucional. Conoce dimes y diretes de la política y aseguró que existen partidos y listas para las primarias al solo efecto de cobrar la impresión de boletas por parte del Estado. "Hay fábricas de facturas apócrifas", dijo. Lo calificó de "fraude político" a esta situación.
Esta circunstancia fue alertada por los juzgados electorales a la Cámara Nacional Electoral como ocurrió desde el Juzgado Federal N° 1 de La Plata en la Provincia de Buenos Aires. El juez Alejo Ramos Padilla en su nota al presidente de la Cámara, Alberto Dalla Vía, señaló que "la proliferación irrazonable de líneas internas en agrupaciones con escaso margen de representatividad". "Además de implicar un gasto multimillonario en recursos estatales para impresión de boletas, se tradujo en esfuerzos presupuestarios, logísticos y humanos y puso en riesgo la finalización del proceso electoral dentro de los acotados y perentorios plazos que establece el calendario electoral", agregó. Por estar en irregularidad solo en la Provincia de Buenos Aires 124 listas de candidatos desistieron de su participación en las PASO a instancias del juzgado electoral que las detectó.
Otra de las irregularidades comprobadas fue la participación de ciudadanos independientes que vieron sus nombres como candidatos en las elecciones en listas de frentes políticos. El juez Alejo Ramos Padilla también tomo conocimiento y lo denunció penalmente ya que "el ciudadano X expresa que no ha prestado conformidad alguna para figurar como precandidato a intendente municipal para el municipio de Zarate", señala el expediente N° 4375/2023 del juzgado platense.
La Cámara Nacional Electoral entiende que la ley de Financiamiento debe modificarse, sostiene que, como lo dice su Acordada número 67 "la Constitución Nacional establece que el Estado contribuye al sostenimiento económico de las actividades de los partidos políticos. Como contrapartida, les impone a dichas agrupaciones la obligación de rendir cuentas a la Nación, dando publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio".
El diputado Pablo Tonelli (PRO) presentó un proyecto en setiembre de este año que dispone un monto para distribuir entre las agrupaciones políticas que presenten candidaturas, equivalente al cincuenta por ciento del que les corresponderá por aporte de campaña para las elecciones generales. Un monto a cada agrupación política que le permita imprimir el equivalente a una boleta por elector. Ambos aportes serán distribuidos a las agrupaciones partidarias de conformidad con lo establecido en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. A su vez, serán distribuidos por la agrupación política entre las listas internas de precandidatos oficializados en partes iguales. El legislador fundamentó que "tiene por objeto corregir y brindar claridad al mecanismo de asignación de fondos públicos para la impresión de boletas de las agrupaciones políticas que se presenten a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Esta propuesta legislativa viene a salvar la irregular situación de hecho que sucede hace varios años: el incremento exponencial de listas que derivan, a menudo, en situaciones de abuso de derecho o, lisa y llanamente, en casos de malversación de fondos".
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) reconoce la existencia de las llamadas "Pymes electorales", en diferentes documentos recomendó que "para transparentar los recursos de las campañas hay que prohibir los aportes por depósito bancario y obligar a los partidos a informar sus ingresos durante la campaña para que esa información pueda ser publicada por la autoridad de aplicación".
Cada elección se sumerge en un mar de sospechas respecto al control de los fondos públicos, y resuena la pregunta respecto ¿quién debe llevar adelante el control de estos? La Cámara Nacional Electoral resolvió en la Acordada n° 67 Que corresponde a la Justicia Nacional Electoral controlar la legalidad sobre el origen y destino de los fondos y patrimonio de los partidos políticos. Sostuvo que "en los procesos de control patrimonial de las campañas electorales se advierte, con cierta frecuencia, la existencia de anomalías en la rendición de gastos del aporte público para la impresión de boletas de votación".
En ese sentido, los magistrados confirmaron que existe un cuerpo de auditores contadores quienes pueden solicitar datos, documentación y cualquier otro elemento relevante para verificar la actividad comercial de la empresa encargada de la impresión de boletas de votación de una agrupación política. Pusieron en conocimiento de la situación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Para estas elecciones presidenciales se acordó con el organismo tributario realizar una trazabilidad de los fondos que emanan del Estado nacional y gira a las fuerzas políticas la Dirección Nacional Electoral en base al presupuesto asignado para la realización de los comicios. Todavía no se conocieron datos sobre esta medida.
Los partidos políticos deben designar ante la Justicia electoral a un representante y/o tesorero quienes firmaran las actas finales de rendición de cuentas. El Frente Patriota en las elecciones legislativas del 2021 en la Provincia de Buenos Aires fue encabezado por Alejandro Biondini, eterno candidato electoral. Su tesorero, Sebastián Bustamante, y el responsable económico, Leonardo Bariani, firmaron el informe final de la agrupación en las elecciones primarias que presentaron ante la Cámara Nacional Electoral. Allí detallaron que el Estado les otorgó ingresos de campaña por 18.179.726 pesos y egresos por 18.178.000 con superávit de 1726 pesos. Dentro de los gastos de la campaña detallan gastos de impresión de boletas por 16.898.000 pesos, propaganda grafica 780.000 pesos y propaganda en la vía pública 220.000 pesos. El Frente Patriota obtuvo 51.871 votos, es decir, el 0,63%. Los informes sobre las elecciones primarias 2023 están en elaboración por la DINE.
Argentina cumplió 40 años de la recuperación democrática y aún hoy debe seguir trabajando en la transparencia del financiamiento de su sistema electoral.
Macarena Azcarate-Fernando Fraquelli